Muchas gracias por tu comentario, Xènia. Creo que hay retos diversos desde la legitimación de las comunidades como actores relevantes de la sociedad civil (porque en algunos países y en algunos momentos, puedes ser considerados incómodos por su posición crítica) hasta la propia institucionalidad de cada país. Que las comunidades tengan la capacidad necesaria para participar en la elaboración de políticas públicas, no quiere decir que todos los gobiernos estén dispuestos a escucharles, además de que el espacio digital está todavía, en general, en un proceso de regulación (en ocasiones, instrumentalizado) que lo convierte en un terreno “resbaladizo“.
En cuanto a las oportunidades, creo que tienen que ver, más bien, con la capacidad que las comunidades de activistas digitales tienen para articular inquietudes sociales colectivas; con su posibilidad de diseminar valores de democracia participativa, relacionados con la implicación y la responsabilidad ciudadana y cívica; y con las competencias técnicas para producir herramientas de civictech que faciliten y propicien esa participación ciudadana en el diseño de políticas públicas.

Muchas gracias por tu comentario, Albino, la verdad es que el proceso es fascinante y en algunos momentos he tenido la posibilidad de conectar con algunas experiencias muy interesante en Mozambique, aunque como dices no han terminado de consolidarse. Creo que es muy interesante tu comentario en relación con las elecciones y los largos plazos de publicación de resultados y estoy totalmente de acuerdo con tu análisis. Precisamente, la mayor parte de las experiencias del activismo digital se han desencadenando intentando cubrir esta deficiencia en la gobernanza y es muy recurrente la vigilancia electoral y la monitorización de los recuentos, además de la publicación temprana de datos oficiosos. También es cierto que ese tipo de actividades han sido las más obstaculizadas por los gobiernos. No hay duda de que la democratización del acceso es un reto, pero de hecho la brecha de acceso no es únicamente una cuestión económica, sino que también es político (voluntad de las autoridades de que la población general pueda acceder a esos recursos) e, incluso, la cuestión del precio, que parece la primera barrera, también es una decisión política. Hemos visto como algunos gobiernos (por ejemplo, en algunos de los países en los que se ha centrado mi investigación) han impuesto tasas específicas al uso de redes sociales u otras funcionalidades de Internet, con una voluntad reducir las posibilidades de participación social y política.

Te agradezco el comentario, Jara. Es cierto que los tres estudios de caso responden a contextos socio políticos diferentes, responden a trayectorias históricas diferentes e incluso se enmarcan en experiencias coloniales diferentes, pero precisamente era la voluntad, para que el cruce de los datos después pudiese tener algunos componentes relevantes para una cierta generalización. Sin embargo, tienes razón en que teniendo en cuenta esas diferencias, la encuesta se movía en un espacio de búsqueda del mínimo común denominador, con una cierta superficialidad, por decirlo de alguna manera, para estar en una capa que fuese compartida. Por eso, seguramente, no se han podido recoger algunos datos que, tal vez, para caracterizar a una de las comunidad hubiesen sido relevantes (pero que no habrían tenido demasiado sentido en otra, por ejemplo). La voluntad era llegar a las particularidades y a los aspectos en común, para hacer una primera aproximación, que evidentemente se puede (y se debería) seguir trabajando y profundizando (puedo compartirte una copia de las preguntas y estaría encantado de escuchar tus sugerencias).
Respecto a las diferencias entre el entorno rural y urbano. Creo que es indudable que ahora mismo el activismo digital continúa siendo un fenómeno eminentemente urbano, pero también creo que hay que hacer algunos pequeños matices, para no perdernos algunas partes del fenómeno. El primero es que la diferencia se va reduciendo, porque las diferencias de acceso poco a poco se estrechan (no tiene porque ser necesariamente bueno). El segundo es que el impacto del activismo digital no se puede medir solo a partir del acceso a Internet, porque se trata de una pieza más que se inserta en un sistema, que en parte lo modifica, pero que también lo utiliza (por ejemplo, durante las elecciones presidenciales de 2012 en Senegal la tasa de penetración de Internet era bajísima; sin embargo, los datos de las votaciones que las y los activistas compartían a través de Twitter eran los que después estaban utilizando las radios, de manera que el impacto de la publicación de datos iba más allá de los que podían leerlo en la red social). Y en tercer lugar, las comunidades de activistas digitales han sido conscientes de esa diferencia y han hecho un esfuerzo por reducirlo y vemos por ejemplo en la República de Guinea una iniciativa muy vinculada a la asociación de blogueros y blogueras y a la comunidad de activistas digitales, Les Villageois 2.0 (https://www.lesvillageois.org/) que precisamente trata de replicar en las zonas rurales (o al menos, fuera de Conakry) el potencial para la participación social y política y para la gobernanza que las herramientas digitales han mostrado en los entornos urbanos.